El Siglo XXI va a estar marcado por el desarrollo definitivo y utilización a todos los niveles de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TICs). La integración de las telecomunicaciones, la informática y los medios audiovisuales es ya determinante en la vida diaria de las personas, colectivos, empresas y gobiernos. Estamos en un mundo permanentemente conectado, comunicado, gracias al desarrollo tecnológico que no cesa en su afán de mostrar nuevas formas de comunicación entre los pueblos.
Las tecnologías pueden ser diversas en función del campo científico en el que nos encontremos, pero tienen un sustrato común en las redes de telecomunicaciones que al haberse integrado con las tecnologías de almacenamiento y proceso de datos, han adoptado la denominación de redes de comunicaciones electrónicas, que nos permiten no sólo entablar comunicaciones de voz directas e inmediatas, sino también la transmisión de muy varia información en muy distintos formatos.
El mundo multimedia (integración de voz, datos, imágenes y sonido) ha llegado a nuestro círculo vital a través de la tecnología UMTS integrada en nuestros teléfonos móviles. Ciertamente, estas nuevas tecnologías mejoran nuestra vida, pero es necesario también que respeten nuestros derechos personales y familiares, por lo que se hace preciso regular las relaciones jurídicas nacidas de la utilización de estas tecnologías. En el ámbito europeo esto se ha conseguido dictando toda una batería de Directivas armonizadoras del sector de las telecomunicaciones en los países miembros de la Unión. En España, es la reciente Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones la que nos brinda la regulación del sector a todos los niveles, inclusive la protección de los derechos fundamentales de los usuarios.
SANTOS & ROJAS ABOGADOS ha adaptado los servicios sobre Telecomunicaciones a la nueva Ley 32/2003, de 3 de noviembre, para que tanto los operadores en la explotación de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas como los abonados y usuarios puedan, de una forma eficiente y profesional, alcanzar sus objetivos y la defensa de sus derechos. Entre estos servicios profesionales destacamos: